(Noticia publicada en la Edición de Abril 2021 del periódico Buenas Noticias)
La psicóloga clínica con más de 25 años de experiencia trabajando con jóvenes, doctora Brenda I. Vera Martínez, expresó su oposición al Proyecto del Senado 184 (PS 184).
Las declaraciones se dieron en una ponencia escrita enviada al Presidente del Senado, José Luis Dalmau. El proyecto de ley pretende convertir en maltrato de menores y maltrato institucional “cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de una persona, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia personas del mismo género”, según incluido en la definición de “terapia de conversión”.
En contraste, la doctora Vera citó que “la posibilidad de que un menor experimente atracción hacia personas del mismo sexo (AMS)”, “no significa que se deba concluir de inmediato que el menor es homosexual”.
“La AMCA afirma al respecto que ‘el etiquetar a un adolescente, o peor, a un niño, como ‘homosexual’ sin remedio, hace un muy flaco servicio a la persona”, citó al destacar que “Estos sentimientos o atracciones pueden desaparecer en su transición hacia la vida adulta. Esta postura es confirmada por un estudio realizado por Ramafedi et al. (1992) y citado por Nicolosi (2015)”.
En el mencionado estudio, participaron 34,707 jóvenes de Minnesota de 12 años de edad, de los cuales un 25.9% expresaron dudas sobre si eran heterosexuales u homosexuales. De ellos, solo el 2 a 3% se consideraron a ellos mismos como adultos homosexuales. La cita de Nicolosi subraya: “Esto significa que aproximadamente el 90% de estos adolescentes que cuestionaban su sexualidad, pudieran ser erróneamente identificados como homosexuales, si se les hubiese afirmado como homosexual por un terapista que afirme la homosexualidad, por un consejero escolar o club homosexual escolar. Por todas estas razones, un adolescente merece el derecho de explorar las razones por las cuales él piensa, siente, actúa o cree que es homosexual”.
“Resulta, por lo tanto, conveniente entender que el escuchar con profundidad cada caso en un proceso de acompañamiento o terapia y aconsejar sobre asuntos relativos a orientación sexual o identidad sexual conforme a la posibilidad de cambio, no implica el que se intente aplicar una terapia de ‘conversión’ u obligar a alguien a cambiar”, dijo.
De igual modo, citó de Phelan et al. (2009): “Hemos revisado más de 100 años de evidencia empírica, estudios clínicos e investigación que demuestra que es posible para algunos hombres y mujeres cambiar su homosexualidad a heterosexualidad, que los esfuerzos de cambios no resultan en daño de manera invariable, y que los hombres y mujeres homosexuales realmente tienen mayores riesgos de patologías que la población general. Basado en nuestra revisión de los informes de reorientadores, clínicos e investigadores, concluimos que el tratamiento de reorientación debe continuar disponible para aquellos homosexuales que lo soliciten”, dijo al aclarar que su ponencia en ningún momento avala ninguna práctica de violencia en ningún proceso ni para ningún fin, por lo que en todo momento se refiere al acompañamiento.
A su vez, puntualizó que en el caso de los menores de edad, el proceso psicoterapéutico debe considerar tanto las inquietudes, dudas e intereses de éstos como las de sus padres.
“Me inquieta grandemente que los padres, como primeros responsables sobre la salud, seguridad y bienestar de sus hijos, se vean limitados o excluidos en su derecho y posibilidad de auscultar recomendaciones en torno a los asuntos planteados anteriormente. ¿Será el Estado quien determine lo qué le está permitido o no considerar a los padres para el bienestar de sus hijos en materia sexual?”, cuestionó.
A su vez, indicó que “Una mirada conciliadora, en términos del tratamiento a menores en materia sexual, debiera considerar los valores y creencias de cada participante. La vida de fe o espiritual de cada ser humano es un aspecto fundamental en sus procesos decisionales, sus metas personales y su desarrollo psicosexual”.
Sobre limitar y penalizar la práctica de los profesionales de la conducta en torno a este particular, resumió: “No seria justo ni ético que el gobierno de Puerto Rico deje entrever con la aprobación de este proyecto de ley que hay unas visiones, posturas o puntos de vista que sí se permite que sean expresadas sobre la sexualidad y otras no. Con esta acción el gobierno se parcializa con algunos grupos o perspectivas ideológicas y no ofrece la misma oportunidad a otros, coartando el aporte de la experiencia y el parecer de profesionales licenciados en el área de la conducta humana que sí creen que existen otras posibilidades para atender a nuestros menores en estos asuntos. Por otra parte, de aprobarse este proyecto, según redactado, el Gobierno podría estar legitimando ‘una modalidad de discrimen contra las personas diagnosticadas con disforia de género’, según explica Sanabria (2021) profesor de Discrimen en la Escuela de Derecho de la UPR. Esto debido a que el gobierno estaría prohibiendo el ofrecimiento de ciertos servicios a esta población”.
Para leer la ponencia completa, acceda: www.diocesisdearecibo.com/genero.
Se expresa también contra el PS 185
Por otro lado, la doctora Vera también envió ponencia escrita contra el PS 185, que pretende imponer la ideología de género con fuerza de ley en todas las agencias gubernamentales. Así, el proyecto de ley detalla que “se le ordena al Departamento de Educación, como parte de la educación con perspectiva de género, incluir la violencia en el noviazgo, entre parejas de cualquier orientación sexual e identidad de género, en su currículo educativo”.
En su ponencia, la doctora Vera cuestionó el fundamento para incluir esta temática en un proyecto que aparenta ser para proteger a las mujeres. A su vez, puntualizó que insistir en la ideología de la “perspectiva de género” como la solución contra el problema de violencia generalizada que vive el país, que además afecta a ancianos, inmigrantes y niños, “plantea una perspectiva muy limitada y simplista del asunto”.
“Por otra parte, el proponer fiscalizar a las entidades privadas para que incorporen prácticas de acción afirmativa a tono con esta ley, pudiera repercutir en la imposición de la perspectiva de género en instituciones cuyos valores organizacionales tengan una mirada del ser humano diferente a la que se plantea desde esta perspectiva de base ideológica. ‘Promover los valores y prácticas en que se basa la equidad entre los seres humanos’ no se limita a una sola perspectiva sino que pudieran haber diversas estrategias o prácticas de mayor alcance, basadas en valores universales o en experiencias e intervenciones exitosas en el campo de la prevención”, contrastó.
